Por acento.com.doTomado de Acento.om.do
Hoy, el Pleno de la SCJ se
apresta a ventilar, a las 9:00 am, una solicitud que busca revocar el
archivo definitivo a la investigación de un sometimiento por alegado
soborno del legislador al presidente haitiano, Michel Martelly, para la
presunta obtención de obras a empresas constructoras de su propiedad.
Foto: Acento.com.do/archivo./Leonel Fernández y Félix Bautista.
Tomado de Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Procuraduría
General de la República embargó numerosos bienes inmuebles propiedad de
la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L, de la que el senador Félix
Bautista es accionista, y en la que también participan terceros
adquirientes.
Las oposiciones inscritas a
solicitud del procurador Francisco Domínguez Brito, alcanzan
apartamentos, villas en Casa de Campo, casas, solares y fábricas de
asfalto, como parte de una investigación que lleva a cabo la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA) en contra del legislador.
Las acciones reales fueron
trabadas en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro
de Macorís, Santiago y Nagua. Entre los bienes se encuentran 40
edificios de ocho apartamentos cada uno, una torre de 16 niveles y otra
de 14.
En total, la lista sobrepasa los
100 bienes inmuebles en distintas partes del país. Con el propósito de
recuperar las propiedades, Bautista, senador por San Juan y secretario
de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), interpuso
por ante la Suprema Corte de Justicia (SJC) una solicitud de
levantamiento de oposiciones.
En un escrito depositado por su
abogado, Juan Antonio Delgado, pide a la SCJ librar acta de que el
impetrante apodera a la presidencia del tribunal, a los fines de que
designe, al amparo de las disposiciones establecidas en el artículo 379
del Código Procesal Penal, un juez de la Instrucción Especial.
El propósito es que conozca,
como juez de control o de resolución de peticiones, sobre la solicitud
de levantamiento de oposiciones trabadas -a su parecer- “de manera
ilegal o inconstitucional contra numerosos inmuebles propiedad de la
sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L; en la cual el senador Félix Bautista
es accionista, así como de terceros adquirientes”.
Mediante auto No.71-2014, el
presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, designó a Frank Soto
Sánchez, como juez de la Instrucción Especial para conocer de la
petición.
En marzo de este año, el también
secretario de Organización del PLD intimó mediante acto de alguacil al
Procurador, con el propósito de que le comunique el contenido de las
pruebas que conforman el expediente sobre el cual es llevada una
investigación de acción penal pública en su contra.
El legislador y su abogado,
manifestaron su sorpresa por la citación de que fue objeto para ser
interrogado, argumentando que son los mismos hechos relacionados con una
investigación que hizo el Ministerio Público, y que culminó con el auto
03093, emitido por el director de la entonces DPCA, Hotoniel Bonilla,
el 13 de agosto del 2012.
Hoy en la Suprema Corte de Justicia
Hoy, el Pleno de la SCJ se
apresta a ventilar, a las 9:00 am, una solicitud que busca revocar el
archivo definitivo a la investigación de un sometimiento por alegado
soborno del legislador al presidente haitiano, Michel Martelly, para la
presunta obtención de obras a empresas constructoras de su propiedad.
Mientras que la Segunda Sala de
la SCJ tiene un fallo reservado de un recurso de apelación incoado por
Bautista, en contra de la decisión del juez de ese tribunal, Víctor José
Castellanos, quien revocó el archivo provisional de una de las
investigaciones por presuntos actos de corrupción en su contra.
Las acciones
La Procuraduría General de la
República ha mantenido acciones tendientes a que sean revocados archivos
que favorecen al legislador peledeísta. Con tales propósitos, ha
dirigido instancias a la Suprema Corte de Justicia pidiendo que sean
anulados los actos conclusivos realizados por el entonces director
Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel
Bonilla, el 13 de agosto del 2012. Los casos están pendientes en la
SCJ.